Imputan a un detenido por tenencia ilegal de un revólver en Santa Fe

La Justicia de Santa Fe imputó a Pablo Américo Pinedo por la tenencia ilegítima de un revólver calibre 32, en una causa iniciada tras una denuncia sobre un presunto plan para atentar contra el gobernador Maximiliano Pullaro. La acusación formal se concentró en el arma secuestrada durante un allanamiento y no equivale, por sí sola, a una imputación probada por un intento de magnicidio.

La Justicia de Santa Fe imputó a Pablo Américo Pinedo por la tenencia ilegítima de un arma de fuego de uso civil. La audiencia se realizó en los tribunales de San Cristóbal, en el marco de una investigación originada por una denuncia sobre un presunto plan para atentar contra el gobernador Maximiliano Pullaro.

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La imputación se centra en la tenencia del arma

El fiscal de Ceres, Emiliano Odriozola, atribuyó formalmente a Pinedo la tenencia ilegal de un revólver marca Dos Leones, calibre 32. Según la información publicada por El Ciudadano, el arma tenía cuatro cartuchos intactos en el tambor y se encontraba en condiciones operativas de disparo.

La acusación conocida hasta el momento refiere a la posesión del arma. La denuncia que dio origen al procedimiento mencionaba una supuesta trama contra el mandatario provincial, pero el contenido suministrado no informa que la Fiscalía haya formalizado una imputación por tentativa de homicidio, conspiración u otro delito vinculado específicamente con un ataque contra Pullaro.

Qué ocurrió durante el allanamiento en Ceres

Pinedo, de 67 años y domiciliado en Ceres, fue detenido el 31 de octubre durante un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la calle Matheu, entre Santiago del Estero y Pasaje Público. El procedimiento estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI).

La intervención comenzó después de una llamada anónima al servicio de emergencias 911. La comunicación advertía sobre una supuesta trama dirigida contra el gobernador de Santa Fe. Durante la requisa, los efectivos encontraron el revólver que luego quedó incorporado a la investigación penal.

La audiencia se realizó ante una jueza de San Cristóbal

La audiencia de imputación se desarrolló ante la jueza Cecilia Alamo. Pinedo estuvo representado por el abogado defensor Carlos Farías Demalde.

De acuerdo con la información disponible, el imputado permanecerá privado de la libertad al menos hasta el día siguiente a la audiencia. En esa jornada se resolvería su situación procesal y la eventual imposición de medidas cautelares.

Qué falta establecer en la investigación

La audiencia permitió formalizar la acusación relacionada con la tenencia del revólver, pero todavía quedan pendientes las decisiones sobre las medidas cautelares y el alcance de las actuaciones derivadas de la denuncia inicial.

También resta determinar, según avance la investigación, si existen elementos que vinculen a Pinedo con el supuesto plan mencionado en la denuncia. Con los datos disponibles, esa hipótesis debe tratarse como una línea investigativa y no como un hecho probado.

El antecedente judicial mencionado en el expediente público

El nombre de Pinedo ya había aparecido en una investigación de repercusión pública en Santa Fe. Siete años antes, había sido procesado en la causa por la desaparición del menor Maximiliano Sosa, visto por última vez en 2015 en Ceres.

La resolución no fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario y el imputado quedó formalmente desvinculado de ese expediente. Ese antecedente no demuestra responsabilidad en la causa actual ni reemplaza la valoración de la prueba reunida en la investigación sobre el arma.

La diferencia entre una denuncia y una acusación acreditada

La secuencia conocida distingue tres momentos: una denuncia anónima, un allanamiento con secuestro de un arma y una imputación por tenencia ilegítima. Cada instancia tiene un alcance procesal diferente. La denuncia activa una investigación; el hallazgo puede aportar evidencia; y la imputación comunica formalmente un hecho que la Fiscalía atribuye a una persona, sin resolver todavía su responsabilidad penal.

Por eso, la referencia a un presunto plan contra el gobernador no permite afirmar que el ataque haya sido organizado, que existiera una tentativa concreta o que el arma estuviera destinada a ese fin. Esos extremos dependerán de las pruebas y de las decisiones judiciales posteriores.

El próximo paso procesal en la causa

La resolución inmediata pendiente es la situación procesal de Pinedo y la posible aplicación de medidas cautelares. La información disponible no precisa cuál será el pedido fiscal ni qué decisión adoptará el tribunal.

Hasta que se incorporen nuevos elementos, el dato confirmado es la imputación por tenencia ilegítima de un revólver calibre 32 secuestrado durante un allanamiento en Ceres. La investigación sobre la denuncia contra Pullaro continúa abierta dentro de ese marco.