Falsas denuncias en Uruguay: la Justicia porteña debate un mito persistente

La investigación sobre falsas denuncias en Uruguay llegó a la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una premisa incómoda para el debate público: la idea de que las acusaciones inventadas por violencia de género son numerosas no encontraría respaldo empírico. El estudio fue presentado en el Centro de Formación Judicial por Teresa Herrera Sormano, coordinadora de la Cátedra de Género y Generaciones de la Universidad CLAEH, junto con magistradas y funcionarias porteñas que analizaron sus posibles alcances institucionales.

La investigación sobre falsas denuncias en Uruguay fue el eje de una jornada realizada el jueves 20 de agosto en el Centro de Formación Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. La actividad reunió a representantes de la academia, la magistratura y el Ministerio Público para discutir un asunto que suele aparecer en conversaciones políticas, coberturas periodísticas y conflictos familiares: cuántas denuncias por violencia de género son realmente falsas y qué consecuencias produce instalar la sospecha como punto de partida.

Si te interesa profundizar desde otra mirada de la red, en Noticias Web podés ver Falsas denuncias de género: una investigación.

Para ampliar el marco general del tema, conviene revisar también esta falsas denuncias en Uruguay como referencia de contexto.

El encuentro llevó por título “Primera investigación sobre falsas denuncias en Uruguay: comentarios desde la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. La presentación estuvo a cargo de Teresa Herrera Sormano, coordinadora de la Cátedra de Género y Generaciones de la Universidad CLAEH. El panel incluyó a Carla Cavaliere, presidenta de la Sala II de la Cámara de Casación y Apelaciones del Fuero Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, y a Genoveva Cardinali, fiscal responsable de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de la Unidad Fiscal Este del Ministerio Público Fiscal porteño.

La actividad fue presentada y moderada por Aluminé Moreno, coordinadora del Observatorio de Género en la Justicia. Esa composición no fue un detalle menor: permitió poner en diálogo una investigación académica producida en Uruguay con la experiencia cotidiana de quienes deben evaluar expedientes, proteger a posibles víctimas, garantizar derechos de las personas denunciadas y tomar decisiones con información necesariamente incompleta en las primeras etapas de un proceso.

La investigación sobre falsas denuncias en Uruguay pone el dato en el centro

Según explicó Herrera Sormano, el trabajo busca discutir una creencia extendida: que las denuncias falsas en casos de violencia de género constituyen un fenómeno frecuente. La conclusión comunicada durante la presentación es más acotada y, al mismo tiempo, significativa: el estudio habría demostrado empíricamente que esa incidencia es insignificante y que la percepción de una magnitud elevada funciona como un mito.

La precisión metodológica resulta central. Una denuncia que no termina en una condena no es automáticamente falsa. Puede ser archivada por falta de pruebas suficientes, por dificultades para reconstruir los hechos, por obstáculos procesales, por cambios en el relato o porque la conducta denunciada no encuadra en un delito específico. Confundir esos resultados con una comprobación de falsedad puede distorsionar las estadísticas y generar conclusiones equivocadas.

La diferencia también importa para las personas involucradas. En una investigación judicial, la ausencia de evidencia suficiente no equivale necesariamente a demostrar que el hecho nunca ocurrió. Del mismo modo, una acusación no debe transformarse en culpabilidad anticipada. El desafío institucional consiste en sostener ambas garantías sin convertir la protección frente a la violencia en una presunción de fraude ni el debido proceso en una herramienta para deslegitimar todo testimonio.

Por qué las cifras requieren una lectura cuidadosa

Las estadísticas sobre denuncias suelen reunir fenómenos distintos: consultas iniciales, exposiciones, medidas de protección, causas penales y expedientes que avanzan hacia una instancia de juicio. Si las categorías se mezclan, la comparación pierde precisión. También influyen el modo en que cada organismo registra la información, las definiciones jurídicas utilizadas y el período observado.

Por esa razón, una investigación sobre falsas denuncias necesita establecer qué entiende por falsedad, qué fuentes consulta y cómo distingue entre una imputación deliberadamente inventada, una denuncia que no pudo probarse y un relato que se modifica durante el proceso. El valor del estudio presentado en Buenos Aires, de acuerdo con lo expuesto por su autora, reside justamente en procurar una respuesta basada en evidencia y no únicamente en impresiones públicas.

El papel de la Justicia porteña frente a un debate sensible

Carla Cavaliere sostuvo que era necesario abordar una problemática que considera actual y controvertida, especialmente por su relación con el lugar de las mujeres y con la forma en que se interpretan estas situaciones dentro del sistema judicial. Su intervención destacó la importancia de realizar estudios, profundizar el análisis y observar los datos producidos tanto por la investigación académica como por el Ministerio Público Fiscal y los juzgados.

La posición expresa una tensión habitual en los sistemas de justicia contemporáneos. Por un lado, las instituciones deben responder con rapidez ante posibles situaciones de violencia, sobre todo cuando hay niñas, niños o adolescentes involucrados. Por otro, deben evitar decisiones basadas en generalizaciones, prejuicios o categorías que no hayan sido verificadas en el expediente. La calidad de la respuesta depende, en buena medida, de que ambas exigencias sean tratadas como obligaciones simultáneas y no como alternativas incompatibles.

El aporte de una cámara de apelaciones también incorpora una dimensión práctica. Las discusiones sobre falsedad no quedan limitadas al campo académico: inciden en la valoración de la prueba, en la duración de los procesos, en las medidas cautelares y en la confianza que las personas depositan en las instituciones. Si una denuncia es recibida bajo sospecha automática, quienes atraviesan una situación real pueden desistir de pedir ayuda. Si cualquier acusación se considera suficiente para establecer responsabilidades, se debilitan las garantías de las partes.

Academia y práctica judicial, una conversación necesaria

Aluminé Moreno explicó que el Observatorio de Género en la Justicia consideró relevante presentar la investigación y convocar a operadoras judiciales de la Ciudad para intercambiar con el ámbito académico. Ese cruce permite que los conceptos elaborados en un estudio sean examinados a la luz de problemas concretos: cómo se construyen los registros, qué información llega a las fiscalías, qué obstáculos aparecen en la recolección de pruebas y qué efectos producen las decisiones en la vida cotidiana.

La colaboración entre universidades, observatorios, fiscalías y tribunales puede mejorar la discusión pública si se sostiene con transparencia. No alcanza con citar una cifra aislada. También es necesario conocer el universo analizado, el método, las limitaciones y el alcance territorial de las conclusiones. Un estudio realizado en Uruguay puede ofrecer hipótesis y herramientas útiles para otros países, pero no reemplaza la producción de evidencia local ni habilita a trasladar sus resultados de manera automática.

Herrera Sormano señaló que la generación de evidencia científica forma parte de una estrategia de defensa de los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes. En ese enfoque, investigar las falsas denuncias no debería significar restar importancia a la violencia de género, sino verificar qué ocurre efectivamente para diseñar respuestas más justas. El análisis riguroso protege a quienes denuncian y también evita que el sistema pierda legitimidad por afirmaciones que no pueden sostenerse con datos.

Uruguay como punto de partida para replicar el estudio en Buenos Aires

Durante la jornada se informó que la investigación fue realizada en Uruguay y que próximamente se replicará en la Ciudad de Buenos Aires. La futura adaptación local podría ser especialmente relevante porque cada jurisdicción posee normas, organismos, circuitos de denuncia y criterios de registro diferentes. Comparar resultados solo será válido si se explicitan esas diferencias y se trabaja con definiciones compatibles.

Una réplica porteña también permitiría observar si la percepción social coincide con los registros institucionales. En temas de alta exposición pública, algunos casos excepcionales pueden ocupar un espacio desproporcionado en medios y redes sociales. Esa visibilidad no indica por sí misma que el fenómeno sea frecuente. Del mismo modo, la ausencia de cobertura no demuestra que no existan problemas. Las investigaciones sistemáticas ayudan a separar la intensidad de una conversación de la magnitud real de un fenómeno.

El proceso debería contemplar, además, la protección de datos personales y la confidencialidad de las personas involucradas. Estudiar expedientes de violencia de género requiere evitar la revictimización, impedir la identificación indirecta y distinguir la información necesaria para una evaluación estadística de los detalles íntimos que no aportan al análisis. La calidad científica y el cuidado ético deben avanzar juntos.

Qué puede cambiar con una base empírica local

Contar con evidencia específica de la Ciudad de Buenos Aires podría ayudar a mejorar la capacitación de quienes reciben denuncias, revisar formularios y unificar criterios de registro. También podría aportar elementos para identificar en qué momentos del proceso aparecen abandonos, demoras o dificultades probatorias, sin atribuir automáticamente esas situaciones a una supuesta falsedad.

Para los tribunales, una base más sólida puede contribuir a fundamentar mejor las resoluciones. Para las fiscalías, puede orientar la organización de recursos y la selección de herramientas de investigación. Para las organizaciones sociales y las personas que buscan asistencia, puede ofrecer un panorama más claro sobre el funcionamiento institucional. Ninguno de esos usos reemplaza la evaluación individual de cada caso, pero sí puede reducir decisiones apoyadas en prejuicios.

El lenguaje público también forma parte del problema

La expresión “falsa denuncia” suele circular como una etiqueta general, aunque puede referirse a situaciones jurídicas muy distintas. Usarla sin aclaraciones puede reforzar la idea de que las mujeres denuncian de manera habitual para obtener ventajas en conflictos de pareja, familiares o de cuidado. Esa representación afecta la credibilidad de quienes hablan y puede trasladarse a funcionarios, medios, redes sociales y entornos laborales.

Esto no implica negar que una acusación deliberadamente falsa pueda existir ni que deba ser investigada cuando haya elementos para hacerlo. Significa que su tratamiento debe basarse en pruebas y no en una sospecha colectiva dirigida contra un grupo. La misma prudencia vale para las narrativas opuestas: tampoco corresponde presentar todos los conflictos como idénticos ni asumir que la sola denuncia resuelve la discusión sobre los hechos.

En un sistema democrático, la precisión del lenguaje tiene consecuencias institucionales. Las palabras influyen en la forma en que se diseñan políticas, se asignan recursos y se evalúan los testimonios. Por eso, una investigación que mida la incidencia real de las denuncias falsas puede contribuir a desplazar el debate desde la anécdota hacia preguntas verificables.

Falsas denuncias y visibilidad orgánica: por qué el contexto mejora las búsquedas

El tratamiento digital de este tema también tiene implicancias para la visibilidad orgánica. Las consultas sobre falsas denuncias, violencia de género y decisiones judiciales suelen mezclar intención informativa, preocupación personal y búsqueda de orientación legal. Una página que presenta titulares alarmistas o cifras sin contexto puede atraer visitas, pero también desinformar y perder credibilidad frente a lectores, especialistas y sistemas de búsqueda.

Los medios digitales y las instituciones que publican información deberían diferenciar con claridad entre una investigación académica, una opinión, una denuncia individual y una conclusión judicial. También resulta útil identificar a las personas participantes, sus cargos, el organismo donde se realizó la actividad y el alcance geográfico del estudio. La mención a la fuente original, publicada por el portal del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, permite verificar el origen de la información.

Para negocios digitales, organizaciones sociales y proyectos periodísticos, la consecuencia concreta es editorial: las páginas que explican métodos, límites y diferencias conceptuales ofrecen una respuesta más útil que aquellas que solo repiten una consigna. En asuntos sensibles, la autoridad no se construye únicamente con palabras clave, sino también con fuentes identificables, contexto, lenguaje responsable y separación entre hechos comprobados e interpretaciones.

La presentación en Buenos Aires abre ahora una etapa distinta: la posibilidad de producir evidencia específica para la Ciudad y comparar sus resultados con los obtenidos en Uruguay. Ese trabajo puede aportar claridad a una discusión atravesada por conflictos reales, percepciones intensas y efectos directos sobre quienes recurren a la Justicia. Mientras tanto, la información disponible invita a no confundir la fuerza de un mito con la frecuencia de un fenómeno y a exigir que las decisiones públicas se apoyen en investigaciones verificables.