Caso Nisman: la burocracia que demora las declaraciones de los espías

La investigación sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman permanece atrapada en un circuito burocrático que demora el testimonio de militares y agentes civiles de inteligencia. La fiscalía de Eduardo Taiano comenzó hace aproximadamente un año a convocar a 90 integrantes del área de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y a más de 200 agentes PCI, pero hasta ahora solo declaró una parte reducida de los citados. El expediente vuelve así a enfrentarse con un problema que excede la prueba puntual: el acceso judicial a estructuras estatales protegidas por el secreto de Inteligencia.

La investigación por la muerte de Alberto Nisman atraviesa una etapa en la que el tiempo judicial parece avanzar a una velocidad distinta de la administrativa. Mientras la fiscalía intenta reconstruir qué ocurrió durante los días en que el fiscal denunció a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y fue encontrado muerto en su departamento, los pedidos de autorización recorren oficinas, organismos y jerarquías antes de que un testigo pueda sentarse frente a los investigadores.

El punto central es la convocatoria de integrantes de la Inteligencia militar y de agentes civiles que trabajan en distintos organismos vinculados con las Fuerzas Armadas. La fiscalía elaboró listados para solicitar que esas personas fueran relevadas del secreto previsto por la legislación nacional. Sin esa autorización, los testigos no pueden responder con libertad sobre información sensible, nombres de agentes, operaciones o estructuras internas que pudieran tener relación con el expediente.

demoras caso Nisman: El caso Nisman y un circuito de autorizaciones que puede durar meses

El procedimiento comienza en la fiscalía, que identifica a los posibles testigos y envía sus nombres al Ministerio de Defensa. Luego, el ministerio remite el pedido al Ejército para que determine si la información involucrada posee relevancia institucional. Si la respuesta es afirmativa, el trámite continúa hacia la Secretaría de Inteligencia del Estado, conocida como SIDE, donde debe intervenir su máxima autoridad.

La autorización final requiere una conformidad expresa previa. Después de que la SIDE fija su posición, el expediente vuelve al Ministerio de Defensa y recién entonces puede regresar a la fiscalía. Solo en ese momento los investigadores quedan habilitados para citar formalmente a los testigos aprobados, uno por uno.

El resultado es una cadena administrativa extensa, con varios puntos capaces de frenar el avance. Según las fuentes citadas en la cobertura original de Clarín, la primera tanda de pedidos habría demorado entre seis meses y casi un año, según el organismo consultado. Una segunda lista, compuesta por alrededor de 25 nombres, llevaba varios meses sin respuesta.

Por qué la desclasificación no resolvió el problema

El presidente Javier Milei ordenó el año pasado la desclasificación de archivos secretos de las fuerzas de seguridad relacionados con el caso. La medida permitió que por primera vez llegara a la Justicia información vinculada con la estructura de Inteligencia militar que funcionaba durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y que estaba asociada al entonces jefe del Ejército, César Milani.

Sin embargo, la apertura no fue general ni permanente. La documentación quedó liberada en función de los requerimientos concretos formulados por la fiscalía. Por eso, cada nuevo pedido de información o cada nueva persona convocada puede exigir una autorización adicional. La desclasificación funciona, en ese esquema, como una respuesta específica a una solicitud, no como una llave amplia para revisar todo el material relacionado con la causa.

La diferencia es relevante. Una investigación de Inteligencia no suele depender de un único documento, sino de redes de contactos, denominaciones internas, movimientos de personal y referencias cruzadas. Un nombre que aparece en un archivo puede conducir a un agente cuya identidad permanece protegida o a una operación que todavía está alcanzada por normas de reserva. La fiscalía necesita entonces ampliar el universo de consultas, pero cada ampliación vuelve a activar el mecanismo institucional.

La hipótesis de una trama interna de los servicios

La fiscalía sostiene como hipótesis que la muerte de Nisman pudo haber sido planeada y ejecutada desde algún sector de los servicios de Inteligencia. Esa línea de investigación se apoya en el contexto de enfrentamiento que, según el expediente y las declaraciones incorporadas, existía entre sectores de la SIDE y la estructura de Inteligencia paralela del Ejército atribuida a la conducción de Milani.

El escenario institucional de aquellos años estaba marcado por disputas de poder, reorganizaciones y vínculos cruzados entre organismos. La denuncia de Nisman contra funcionarios del gobierno kirchnerista había colocado al fiscal en el centro de una crisis política de alcance internacional. Su muerte, ocurrida pocos días antes de que expusiera ante el Congreso los fundamentos de aquella acusación, multiplicó las preguntas sobre las personas que podían tener acceso a información privilegiada y sobre los intereses que podían verse afectados.

Taiano ya tomó declaración a más de 60 exagentes de la SIDE. De esos testimonios surgieron referencias concretas a integrantes de la Inteligencia militar. La nueva tanda busca contrastar esas menciones, verificar responsabilidades, reconstruir jerarquías y establecer si existían canales operativos que conectaran a distintos sectores. La demora impide, por ahora, completar esa comparación con todos los protagonistas identificados.

El temor a que declarar afecte carreras militares

La resistencia no se explica únicamente por los pasos formales. Dentro de las Fuerzas Armadas existe preocupación por la manera en que una citación puede ser interpretada en los legajos profesionales, aunque el convocado participe como testigo y no esté acusado de ningún delito.

Algunos militares habrían transmitido a sus superiores que temen que su aparición en una causa de alto impacto político sea considerada una marca negativa para futuras promociones. En instituciones donde los antecedentes, la confianza jerárquica y la evaluación de conducta influyen en la carrera, una convocatoria judicial puede ser percibida como un riesgo incluso cuando no implique una imputación.

Ese temor produce un efecto indirecto sobre la investigación. La persona citada puede mostrarse cautelosa, sus superiores pueden consultar cómo proceder y los organismos pueden priorizar la protección administrativa antes que la rapidez procesal. El secreto deja de ser solamente una herramienta para resguardar información estratégica y pasa a convivir con la preocupación por las consecuencias profesionales de revelar datos.

La protección de identidades y el riesgo de litigios

Otro argumento utilizado para explicar las demoras es la posibilidad de que se filtre la identidad de agentes que todavía cumplen funciones sensibles o que trabajaron bajo cobertura. Si un nombre quedara expuesto sin las medidas adecuadas, el Estado podría enfrentar reclamos económicos y litigios relacionados con la pérdida de protección, la afectación laboral o la eventual exposición de operaciones reservadas.

La preocupación no es menor en un expediente con una fuerte presencia mediática y política. La información que para la Justicia puede ser necesaria para reconstruir una cadena de decisiones puede tener, para un organismo de Inteligencia, consecuencias operativas. El problema consiste en encontrar un equilibrio entre el derecho a investigar un crimen de enorme trascendencia pública y la obligación estatal de proteger identidades cuya revelación pueda generar daños concretos.

Pero ese equilibrio también puede convertirse en una justificación permanente para postergar definiciones. Si cada organismo interpreta de manera amplia la reserva y cada funcionario evita asumir responsabilidad personal, el trámite se vuelve circular. Los documentos viajan, las respuestas se demoran y la fiscalía queda a la espera de permisos que no controla.

La SIDE como llave institucional del expediente

El Decreto 615/2024, que regula aspectos del Sistema de Inteligencia Nacional, ubica en la autoridad superior de la SIDE una instancia decisiva para habilitar el acceso a determinada información. La exigencia de una conformidad expresa previa convierte a ese organismo en el último filtro de una cadena que comienza en el Ministerio de Defensa y atraviesa la estructura militar.

Desde el punto de vista formal, la regla busca ordenar la circulación de información reservada y evitar que una oficina entregue datos sensibles sin evaluar sus consecuencias. Desde el punto de vista práctico, concentra una parte sustancial del ritmo de la investigación en una decisión administrativa. La fiscalía puede identificar testigos y justificar su convocatoria, pero no puede obligar por sí sola a que la autorización llegue en un plazo determinado.

La situación también tiene una dimensión política. Algunas fuentes vinculan la demora con las tensiones internas del Gobierno entre el entorno de Karina Milei, relacionado con el Ministerio de Defensa, y el sector político asociado a Santiago Caputo, que tendría influencia sobre la conducción de la SIDE. Esa lectura debe manejarse con prudencia porque no reemplaza la evidencia del expediente, pero muestra que la administración del secreto ocurre dentro de un sistema atravesado por disputas de autoridad.

Qué puede aportar la nueva ronda de testimonios

Las declaraciones pendientes no garantizan por sí mismas un cambio decisivo en la causa. Un testimonio puede confirmar una información ya conocida, aportar una contradicción o abrir una línea que después deba ser verificada con documentos, comunicaciones y registros institucionales. En investigaciones de esta complejidad, la utilidad de una declaración depende tanto de su contenido como de la posibilidad de contrastarla con otras pruebas.

La nueva ronda puede ayudar a precisar cómo funcionaba la estructura militar de Inteligencia, qué vínculos mantenía con otros organismos y qué nivel de conocimiento existía sobre los movimientos de Nisman. También podría permitir establecer qué información circulaba antes de su muerte, quién tenía acceso a ella y si hubo cambios posteriores en los relatos de los agentes.

El paso del tiempo, sin embargo, introduce dificultades. Los recuerdos se vuelven menos precisos, las jerarquías cambian, algunos protagonistas pueden retirarse y los registros pueden quedar dispersos. La demora administrativa no es neutral: puede reducir la calidad de la prueba, aunque no permita concluir por sí misma que exista una intención deliberada de obstruir la investigación.

La demora del caso Nisman y su efecto sobre la visibilidad judicial

Desde una perspectiva de acceso público, el caso Nisman también muestra cómo una investigación de alto interés puede perder continuidad cuando la información permanece fragmentada. La visibilidad de una causa no depende solo de las noticias que genera, sino de la capacidad de las instituciones para ofrecer avances verificables, documentos consultables y explicaciones claras sobre los pasos pendientes.

Para medios, investigadores y ciudadanos, la falta de respuestas durante meses dificulta distinguir entre una diligencia en curso y una paralización efectiva. Esa incertidumbre favorece la circulación de hipótesis no comprobadas y vuelve más difícil evaluar la solidez de cada versión. En asuntos vinculados con Inteligencia, donde el secreto ya limita el acceso a las fuentes, los retrasos agregan una segunda barrera: la falta de información sobre el propio procedimiento.

La consecuencia institucional es profunda. Una causa que no logra explicar por qué no puede interrogar a sus testigos pierde capacidad para construir confianza, incluso cuando las restricciones legales tengan fundamentos legítimos. La transparencia no exige publicar identidades protegidas ni revelar operaciones sensibles, pero sí informar qué autorizaciones fueron solicitadas, qué organismo debe resolverlas y cuáles son los plazos razonables para hacerlo.

El expediente continuará dependiendo de que la fiscalía logre completar las declaraciones y de que las autoridades de Inteligencia definan cómo proteger la información sin bloquear su control judicial. Mientras los listados sigan detenidos entre despachos, la investigación sobre la muerte de Nisman seguirá enfrentando una paradoja: cuanto más necesita reconstruir el funcionamiento de los servicios, más queda sometida a las reglas internas de esos mismos organismos. Para el lector, la clave será distinguir entre las hipótesis políticas y los hechos que finalmente puedan ser respaldados por testimonios, documentos y peritajes incorporados legalmente a la causa.