Nicolás Payarola, a juicio por presuntas estafas millonarias

La Fiscalía de San Isidro pidió que Nicolás Payarola vaya a juicio oral por presuntas estafas millonarias que, según la acusación, afectaron a particulares, profesionales del derecho y a la familia del futbolista Gonzalo Montiel. El expediente reúne 13 hechos y calcula un perjuicio aproximado de US$ 1,824 millones.

La investigación contra el abogado mediático Nicolás Agustín Payarola ingresó en una etapa decisiva. El Ministerio Público Fiscal de San Isidro solicitó la elevación a juicio oral de la causa en la que el letrado, detenido desde noviembre de 2025, está acusado por una serie de maniobras que habrían generado un perjuicio cercano a US$ 1,824 millones, además de sumas expresadas en pesos.

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La presentación fue realizada por Cosme Iribarren, fiscal general adjunto de San Isidro, ante la jueza Andrea Rodríguez Mentasty, titular del Juzgado de Garantías N° 3. La magistrada deberá resolver el cierre de la instrucción y, si corresponde, avanzar hacia la designación del tribunal que intervendrá en el debate oral.

La acusación describe una secuencia de presuntas estafas, incumplimientos y apropiaciones de dinero vinculadas con servicios jurídicos, operaciones inmobiliarias y compromisos económicos. Como el proceso todavía no llegó a juicio, se trata de imputaciones que deberán ser probadas y debatidas ante la Justicia. La información fue difundida originalmente por Clarín.

juicio a Nicolás Payarola: La acusación contra Nicolás Payarola entra en una instancia decisiva

Según el dictamen fiscal, Payarola habría intervenido como autor en siete hechos y como coautor en otros seis. Los delitos atribuidos incluyen estafas reiteradas, defraudación por retención indebida, abuso de firma en blanco y administración fraudulenta.

La Fiscalía sostiene que no se trataría de episodios aislados, sino de una conducta presuntamente sistemática. En el expediente, el fiscal utiliza expresiones como “abuso de confianza”, “engaño” y “fraude” para describir el modo en que, según su hipótesis, se habrían construido los vínculos con las personas damnificadas.

El planteo judicial también apunta a la posición profesional de Payarola. La confianza depositada en un abogado puede incluir la entrega de fondos, documentación, poderes, firmas y decisiones patrimoniales de relevancia. Por ese motivo, la acusación considera que el vínculo profesional habría sido utilizado para facilitar operaciones que luego no se concretaron o compromisos que, siempre según la denuncia, no fueron cumplidos.

El caso de la propiedad rural y una camioneta que nunca habría sido abonada

Uno de los primeros episodios investigados tuvo como denunciante a Sergio Occhiuzzo, propietario de Campos de la Virgen de Luján, una propiedad ubicada en La Pampa. De acuerdo con la reconstrucción fiscal, el vínculo habría comenzado cuando Payarola se ofreció a representarlo para pesificar una deuda.

En ese contexto, el abogado habría recibido una camioneta Toyota Hilux con la promesa de pagarla una vez concretada una transferencia. Ese pago, según la denuncia, nunca se habría realizado. La acusación calcula que el perjuicio total para Occhiuzzo superó los US$ 600.000 y los 13 millones de pesos, a partir de embargos, inhibiciones y decretos de quiebra asociados al conflicto.

Para la Fiscalía, la relación entre ambos habría comenzado con una expectativa legítima de asistencia profesional y derivado en una disposición patrimonial perjudicial. El dictamen sostiene que el supuesto ardid habría provocado que la víctima entregara bienes y dinero bajo la creencia de que existía una solución jurídica o financiera posible.

El caso expone una de las dificultades habituales en investigaciones de este tipo: diferenciar un incumplimiento contractual, una mala gestión profesional o una operación fallida de una maniobra penalmente relevante. Esa distinción no se define por la sola existencia de una deuda, sino por la intención, los actos previos, la documentación utilizada y la relación entre las promesas realizadas y el destino efectivo de los fondos.

La relación con la familia de Gonzalo Montiel

Entre los principales denunciantes aparece la familia de Gonzalo Montiel, defensor de la selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022. El vínculo con Payarola habría comenzado durante la estrategia legal relacionada con una denuncia por abuso sexual que involucró al futbolista en 2023.

Más adelante, Juan Marcelo Montiel, padre del jugador, le habría confiado al abogado un proyecto inmobiliario en la zona de Ezeiza. La iniciativa contemplaba la adquisición de tierras y el desarrollo de un emprendimiento de características residenciales. La primera entrega, según la presentación judicial, fue de US$ 200.000 como seña de un campo y para la confección de una carta oferta destinada al propietario.

La acusación señala que luego Payarola habría recomendado comprar dólares mediante mecanismos financieros conocidos como dólar MEP mientras avanzaba el proyecto. A partir de esa indicación, la familia habría realizado varias transferencias en moneda extranjera. El expediente menciona un pago posterior de US$ 160.000, dividido en tres cuotas, y estima que el monto total entregado habría rondado los US$ 700.000.

El emprendimiento, siempre según la denuncia, nunca se concretó. Cuando la familia pidió explicaciones sobre el estado de las operaciones, habría recibido respuestas evasivas. Con el paso del tiempo, el abogado habría entregado documentación que, de acuerdo con el dictamen fiscal, contenía firmas presuntamente falsificadas y datos falsos.

La Fiscalía también describe una sucesión de demoras, promesas de devolución, reconocimientos de deuda y compromisos de pago que no habrían resuelto el reclamo. En términos jurídicos, ese patrón resulta relevante porque podría indicar si las promesas fueron utilizadas para ganar tiempo y evitar que las víctimas adoptaran medidas inmediatas.

El conflicto con las abogadas vinculadas al caso Wanda Nara

Otra parte significativa de la causa está relacionada con María Macarena Posse y Silvana De Leonardis, dos abogadas que habrían asumido tareas profesionales vinculadas con la representación de Wanda Nara. La conductora ya contaba con el asesoramiento de Payarola en el proceso de divorcio con el futbolista Mauro Icardi.

En enero de 2025, las letradas habrían aceptado intervenir en presentaciones vinculadas con alimentos para las hijas de la pareja y otras medidas cautelares. Según la denuncia de Posse, las partes acordaron una cláusula de rescisión que establecía una compensación de US$ 600.000 si Nara revocaba el patrocinio.

El 1° de abril se habrían presentado escritos para dejar sin efecto el poder del estudio Posse, De Leonardis y Asociados. Las abogadas intentaron comunicarse con Payarola y, ante la falta de respuesta, difundieron un comunicado público. La acusación sostiene que, aunque luego se produjo un contacto con el letrado, los honorarios reclamados no fueron abonados.

Este episodio agrega una dimensión profesional al expediente. La discusión no se limita a la relación entre un abogado y sus clientes, sino que también alcanza los acuerdos internos entre representantes, la distribución de honorarios y las consecuencias de la revocación de un patrocinio. La validez de esos compromisos deberá ser analizada junto con los documentos, comunicaciones y actuaciones incorporadas a la causa.

Las otras denunciantes y el patrón que analiza la Fiscalía

La causa incluye a cinco mujeres entre las personas que denunciaron a Payarola. Dos de ellas son abogadas. Entre las damnificadas mencionadas aparece María Ximena Braña, quien habría contratado al letrado para gestionar medidas cautelares en un conflicto con su exmarido y padre de sus hijas.

Según su denuncia, Braña habría entregado US$ 800.000 para iniciar el trabajo. La mujer sostuvo que los escritos que Payarola dijo que presentaría nunca fueron promovidos. La existencia de un pago elevado y la presunta ausencia de actuaciones constituyen uno de los puntos que la Fiscalía deberá probar mediante documentación bancaria, intercambios de mensajes y registros de los expedientes mencionados.

El fiscal Iribarren interpreta que los casos comparten una modalidad basada en el acceso a personas que necesitaban resolver conflictos sensibles, patrimoniales o familiares. En esa hipótesis, las demoras y las promesas de restitución habrían permitido conservar el vínculo durante más tiempo y postergar la reacción de los denunciantes.

Sin embargo, la etapa de elevación a juicio no equivale a una condena. La acusación formaliza una teoría del caso y reúne elementos que la Fiscalía considera suficientes para llevar el expediente a debate. Será el tribunal, con producción de prueba y control de las partes, el que determine si los hechos ocurrieron como fueron denunciados y cuál sería la responsabilidad penal correspondiente.

Documentos, confianza profesional y límites de la prueba digital

En investigaciones que involucran abogados y operaciones patrimoniales, los documentos ocupan un lugar central. Contratos, cartas oferta, reconocimientos de deuda, recibos, poderes, transferencias bancarias y presentaciones judiciales pueden permitir reconstruir qué se prometió, quién recibió el dinero y cuál fue el destino de los fondos.

También suelen ser relevantes los mensajes de correo electrónico, las conversaciones por aplicaciones de mensajería y los archivos enviados entre las partes. No obstante, una captura de pantalla aislada no siempre permite establecer por sí sola la autenticidad, el contexto o la integridad de una comunicación. La Justicia puede requerir peritajes, metadatos, informes bancarios y documentación original.

La acusación menciona además supuestos documentos con firmas falsificadas. Si ese punto llega al debate, será necesario determinar la autoría material, el conocimiento de quienes intervinieron y el propósito que habría tenido cada instrumento. La evaluación de esos elementos requiere pericias caligráficas, análisis documental y una comparación con el resto de la prueba.

Qué cambia para la visibilidad digital de los casos judiciales de alto perfil

El expediente también muestra cómo los conflictos judiciales protagonizados por figuras conocidas adquieren una dimensión pública mucho antes de llegar a una sentencia. La participación de la familia de Gonzalo Montiel y la mención del entorno legal de Wanda Nara aumentan la circulación de la información, pero no sustituyen la necesidad de distinguir entre denuncia, imputación, pedido de juicio y condena.

Para medios digitales y buscadores, esa diferencia tiene consecuencias concretas. Los títulos, las bajadas y los fragmentos destacados deben identificar que se trata de acusaciones fiscales y evitar presentar como hechos definitivos aquello que todavía debe ser probado. La precisión terminológica protege a las personas involucradas y mejora la calidad de la información indexada.

Las búsquedas vinculadas con Payarola, la familia Montiel y Wanda Nara probablemente se mantengan activas mientras avance el proceso. Una cobertura responsable debería actualizar las notas cuando existan resoluciones judiciales relevantes, conservar la fecha de publicación y separar con claridad los antecedentes de las novedades procesales. También es importante enlazar la fuente original y documentos públicos confiables, sin amplificar rumores ni datos personales innecesarios.

En términos de visibilidad orgánica, los contenidos judiciales de alto interés se benefician más de la claridad y la trazabilidad que de la exageración. Explicar el estado del expediente, quién acusa, qué delitos se investigan y qué instancia falta ayuda al lector a interpretar la noticia y permite que los motores de búsqueda comprendan mejor su alcance.

La jueza Andrea Rodríguez Mentasty deberá definir los próximos pasos del expediente en San Isidro. Si la elevación prospera, el debate oral permitirá confrontar la hipótesis fiscal con la defensa y con la prueba de cada denunciante. Hasta entonces, la causa representa una acusación de gran impacto público, pero su resultado dependerá de las decisiones judiciales y de la evidencia que logre sostenerse durante el proceso.