Libertad condicional para Trentini reabre el caso Sebastián Bordón

La libertad condicional de Hugo Trentini, otorgada el 22 de abril de 2026, reabrió una herida que la familia de Sebastián Bordón sostiene desde hace casi tres décadas. El excomisario fue condenado por el homicidio del joven de 18 años, ocurrido en Mendoza en 1997, y en 2017 recibió prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

El viaje de egresados que terminó en El Nihuil

Sebastián Bordón viajaba con sus compañeros de la Escuela Media 13 de Moreno por el paraje de El Nihuil, en San Rafael. El 2 de octubre de 1997, después de una discusión con un cabo del destacamento policial local al que había golpeado, escapó corriendo.

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Tres policías de la comisaría 38 salieron a buscarlo. Según la reconstrucción judicial citada por la fuente original, lo encontraron, lo golpearon y lo ocultaron por orden telefónica de Trentini, entonces jefe de la dependencia. El joven quedó sin asistencia médica durante varios días y murió por falta de alimento y agua.

Mientras la familia y otras personas participaban de la búsqueda, desde la propia Policía circularon versiones que presentaban a Bordón como fugado o vinculado con el narcotráfico. También se difundió una pista falsa atribuida a la parapsicóloga Amanda Ledesma. El cuerpo apareció el 12 de octubre, día en que Sebastián cumplía 19 años, en un barranco del Cañón del Atuel que ya había sido rastrillado.

Qué estableció el juicio por la muerte de Sebastián Bordón

El juicio oral se realizó en 2000 y reunió a casi 200 testigos. La Cámara del Crimen descartó que el joven hubiera muerto durante una fuga o en un accidente y condenó a Trentini a 15 años de prisión por homicidio.

El oficial Daniel Gómez recibió una pena de 12 años. Los agentes Roberto Gualpa y Abelardo Cubillos fueron condenados a 10 años, en todos los casos por lesiones graves y abandono de persona seguido de muerte. El cabo Esteban Merelo y Amanda Ledesma recibieron penas menores por encubrimiento.

Los condenados recuperaron la libertad condicional entre 2005 y 2007. Trentini fue el último en obtenerla. El caso provocó una reforma de la Policía mendocina y, con el tiempo, la creación de un Ministerio de Seguridad con conducción civil, concebido para impedir que la fuerza investigara por sí misma hechos en los que estuviera involucrada.

La desaparición de Zambrano y Rodríguez volvió a poner el foco en Mendoza

La transformación institucional quedó cuestionada poco después. El 25 de marzo de 2000 desaparecieron José Segundo Zambrano, de 27 años, informante de la Policía de Mendoza, y su amigo Pablo Rodríguez, de 25, empleado de una farmacia.

Sus cuerpos fueron encontrados el 3 de julio de ese año, semienterrados en el piedemonte de Godoy Cruz. La investigación consignó que habían sido privados ilegalmente de su libertad y ejecutados a balazos. Durante la búsqueda circularon versiones contradictorias y se estigmatizó a las víctimas. La madre de Zambrano incluso fue detenida ilegalmente mientras reclamaba por su hijo.

Los policías acusados fueron absueltos en 2004 por irregularidades en la investigación judicial. Según el material de origen, el caso permaneció impune durante más de dos décadas hasta una condena internacional de 2026 contra la Argentina por la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial de Zambrano y Rodríguez, con responsabilidad atribuida a la Policía de Mendoza. Este extremo requiere verificación documental independiente sobre el organismo, la fecha y los términos exactos de la decisión.

La condena de Trentini por delitos de lesa humanidad

Mientras cumplía la pena por el caso Bordón, surgieron antecedentes de Trentini durante la última dictadura militar. Había sido oficial en la comisaría 32 de San Rafael, señalada en la fuente como uno de los centros donde se torturó y desapareció a personas.

En 2017, el Tribunal Oral Federal n.º 2 de Mendoza lo condenó a prisión perpetua por homicidios agravados, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y asociación ilícita cometidos contra víctimas del terrorismo de Estado.

En agosto de 2025, el juez federal Héctor Cortés rechazó su libertad condicional después de analizar informes de peritos oficiales que desaconsejaban otorgarla. A fines de ese año, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal revirtió esa decisión. Finalmente, el tribunal mendocino hizo efectiva la libertad el 22 de abril de 2026, con la obligación de fijar domicilio, permanecer dentro de la jurisdicción e informar cualquier cambio personal.

Cómo se computaron las condenas

Para calcular el tiempo mínimo de encierro, se unificaron las condenas, incluida la correspondiente al caso Bordón. La fuente sostiene que ese cómputo permitió alcanzar el límite legal en menos de una década desde la sentencia de 2017, pese a la gravedad de los delitos de lesa humanidad. También indica que Trentini cumplía desde mayo de 2019 la pena bajo arresto domiciliario y no en una cárcel común, una medida cuestionada por organizaciones de derechos humanos.

La memoria que sostiene Miriam Medina

Miriam Medina, madre de Sebastián, mantiene desde 2002 un espacio en Moreno llamado La Casita de Sebastián. Allí acompaña a otras personas y familias y funciona un jardín de infantes y materno infantil.

Cada 12 de octubre, Medina participa en actos de memoria en San Rafael y El Nihuil junto con familiares de víctimas de la violencia institucional. En 2021, el sitio donde apareció el cuerpo fue señalizado con una imagen de Sebastián y una descripción de los hechos.

La condena de Trentini por delitos de lesa humanidad, en 2017, fue interpretada por Medina como una confirmación tardía de una sospecha que sostuvo desde 1997: que su hijo había estado bajo el control de una persona cuya trayectoria represiva todavía no se conocía públicamente.

Qué vuelve a poner en discusión la libertad de Trentini

La salida condicional no modifica las condenas dictadas por los tribunales, pero vuelve visible la distancia entre el cumplimiento de una pena conforme al cómputo legal y la persistencia de una memoria social marcada por la violencia estatal. En el caso Bordón, también reactiva preguntas sobre las condiciones de detención domiciliaria, la unificación de penas y el modo en que se ponderan delitos de distinta naturaleza dentro de una misma trayectoria judicial.

Para la familia de Sebastián, el caso no pertenece únicamente al pasado. La continuidad de La Casita y los actos del 12 de octubre muestran cómo una denuncia por violencia institucional puede transformarse en una tarea comunitaria de acompañamiento y memoria, incluso cuando las decisiones judiciales vuelven a modificar el presente. La reconstrucción publicada por Clarín reúne los antecedentes centrales de esta historia y permite distinguir entre las condenas firmes, las decisiones sobre la libertad y los aspectos que todavía requieren documentación adicional.