Latinoamérica impulsa una gobernanza ética de la inteligencia artificial

En el III Congreso Peruano de Derecho Internacional, celebrado en Lima, asociaciones jurídicas de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú presentaron la Declaración Latinoamericana sobre Inteligencia Artificial, Humanidad y Responsabilidad Internacional de los Estados. Este documento establece principios éticos y políticos para guiar el desarrollo tecnológico con foco en la dignidad humana, la transparencia y la cooperación internacional.

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en uno de los temas más desafiantes del derecho contemporáneo. En un contexto global marcado por la expansión de sistemas automatizados y la creciente influencia de los algoritmos en las decisiones públicas y privadas, América Latina busca delinear su propio camino. En mayo de 2026, durante el III Congreso Peruano de Derecho Internacional en Lima, cinco sociedades nacionales de Derecho Internacional firmaron la Declaración Latinoamericana sobre Inteligencia Artificial, Humanidad y Responsabilidad Internacional de los Estados.

Si te interesa profundizar desde otra mirada de la red, en Noticias Web podés ver Juristas latinoamericanos impulsan una gobernanza ética.

Para ampliar el marco general del tema, conviene revisar también esta gobernanza ética de la inteligencia artificial como referencia de contexto.

El texto, suscripto por la Asociación Argentina de Derecho Internacional (AADI), la Asociación Brasileña de Derecho Internacional (ABDI), la Academia Colombiana de Derecho Internacional (ACDI), la Sociedad Ecuatoriana de Derecho Internacional (SEDI) y la Sociedad Peruana de Derecho Internacional (SPDI), plantea una visión regional sobre la gobernanza tecnológica con eje en la ética, la soberanía y la cooperación.

gobernanza ética de la inteligencia artificial: Un llamado regional a la responsabilidad tecnológica

La Declaración propone que toda aplicación de IA se someta a los principios de la dignidad humana y al control efectivo por parte de las personas y los Estados. En un momento en que las decisiones automatizadas condicionan la vida cotidiana —desde el acceso a créditos hasta la vigilancia urbana—, las entidades firmantes advierten sobre la necesidad de garantizar un desarrollo tecnológico alineado con los derechos humanos y el derecho internacional.

El documento insiste en que la responsabilidad de los Estados debe ser clara y verificable, especialmente frente a daños causados por sistemas de IA en contextos de seguridad, justicia o administración pública. También introduce un concepto clave: el debido proceso algorítmico, que exige transparencia y posibilidad de revisión humana en toda decisión automatizada.

Principios que orientan la Declaración Latinoamericana

Entre los pilares conceptuales del texto destacan la transparencia algorítmica, la precaución tecnológica, la soberanía digital y el respeto por la diversidad cultural. La región propone una lectura que combina ética humanista y realismo político, entendiendo que la IA no puede quedar exclusivamente bajo la lógica del mercado o de los países tecnológicamente dominantes.

En este sentido, la Declaración reivindica el papel de la cooperación internacional y de un multilateralismo inclusivo que permita a América Latina participar de la definición de normas globales. También reconoce la importancia de proteger a la infancia y de asegurar que el progreso tecnológico no agrave desigualdades existentes.

Riesgos identificados: de la manipulación informacional al colonialismo digital

El documento enumera varios peligros derivados de la expansión descontrolada de la inteligencia artificial. Entre ellos figura la manipulación informacional, que puede distorsionar procesos democráticos mediante la difusión automatizada de desinformación. Se mencionan además la discriminación algorítmica, la vigilancia masiva y la utilización de armas autónomas como amenazas directas a los derechos humanos.

Otro punto sensible es el impacto de la IA sobre el trabajo humano. La automatización plantea desafíos en materia de empleo, formación y justicia social, en especial para economías emergentes. La Declaración alerta sobre la posibilidad de que surjan nuevas formas de concentración del poder tecnológico y de colonialismo digital, donde las naciones dependan de plataformas y proveedores externos sin control soberano sobre sus datos.

La soberanía digital como nuevo eje del derecho internacional

El texto latinoamericano introduce con fuerza la noción de soberanía digital, entendida como el derecho de los Estados y de sus ciudadanos a controlar los flujos de información, los datos personales y las infraestructuras tecnológicas críticas. En un escenario global dominado por grandes corporaciones tecnológicas, esta perspectiva adquiere relevancia estratégica.

Los juristas firmantes sostienen que la soberanía digital no se opone a la cooperación internacional, sino que busca equilibrarla. Se trata de garantizar que las decisiones sobre uso, almacenamiento y procesamiento de datos respondan a marcos legales nacionales compatibles con los derechos fundamentales.

La cooperación internacional como base ética y política

La Declaración destaca la necesidad de construir una gobernanza global democrática de la IA. Propone mecanismos multilaterales que integren a países en desarrollo y aseguren que las reglas técnicas y éticas no queden en manos de unos pocos. En esa línea, plantea fortalecer los foros jurídicos regionales y crear espacios de diálogo entre ciencia, derecho y sociedad civil.

Esta visión contrasta con enfoques más tecnocráticos de otras regiones, en los que la regulación suele centrarse en la competitividad o la seguridad nacional. Desde América Latina, el acento está puesto en la equidad, la inclusión y la dignidad humana como criterios universales.

Desafíos para la implementación de una ética regional de la IA

La puesta en práctica de los principios enunciados enfrenta obstáculos concretos. América Latina cuenta con marcos regulatorios desiguales y capacidades tecnológicas limitadas en comparación con potencias digitales. Sin embargo, la Declaración puede servir como guía para armonizar legislaciones, impulsar políticas públicas y fomentar investigación científica orientada al bien común.

Universidades, centros de innovación y organismos multilaterales regionales podrían desempeñar un papel clave difundiendo estos principios y promoviendo estándares éticos compartidos. La región también podría aprovechar su diversidad cultural y jurídica como laboratorio de modelos alternativos de desarrollo tecnológico.

Implicancias para la economía digital latinoamericana

Más allá del plano jurídico, el documento tiene relevancia económica. Al exigir transparencia y responsabilidad en el uso de IA, impulsa prácticas empresariales más sostenibles y confiables. En un mercado donde la confianza en los algoritmos se vuelve un activo estratégico, las compañías que adopten este enfoque ético podrían fortalecer su reputación y su posicionamiento internacional.

Asimismo, la soberanía digital y la protección de datos se vinculan directamente con el crecimiento del ecommerce y los negocios digitales, que requieren entornos seguros y marcos regulatorios claros. Una gobernanza ética de la IA puede convertirse en una ventaja competitiva para la región si logra conjugar innovación con derechos humanos.

La influencia de la Declaración en la visibilidad digital y la confianza pública

Desde la perspectiva del posicionamiento en entornos digitales, la Declaración aporta un marco de legitimidad institucional que refuerza la confianza en la inteligencia artificial latinoamericana. Iniciativas de este tipo pueden mejorar la visibilidad orgánica de proyectos tecnológicos y jurídicos regionales, al asociar sus desarrollos a principios éticos reconocibles.

En un ecosistema digital saturado de información, la transparencia algorítmica y la rendición de cuentas se transforman en factores diferenciales para universidades, empresas tecnológicas y gobiernos. La adopción de estos principios no solo refuerza el cumplimiento normativo, sino que también optimiza la percepción pública y la trazabilidad de los datos en entornos en línea.

La Declaración Latinoamericana sobre Inteligencia Artificial representa, en definitiva, una apuesta por un futuro donde la tecnología permanezca al servicio de la humanidad. Su valor radica tanto en su contenido normativo como en su capacidad para inspirar políticas públicas, cooperación regional y una cultura digital más justa y responsable.