Rosario investiga una red de entregas ilegales de bebés entre 1968 y 1980

La investigación por entregas ilegales de bebés en Rosario sumó una imputación contra una partera de 88 años, acusada de haber confeccionado documentos con filiaciones falsas y de separar sistemáticamente a recién nacidos de sus madres biológicas entre 1968 y 1980. La causa, impulsada por la Fiscalía Federal, contempla al menos cinco posibles víctimas y vuelve a poner en el centro el derecho a la identidad, la memoria familiar y el acceso a la verdad biológica.

La Justicia Federal de Rosario formalizó la investigación penal contra una mujer de 88 años que trabajó como partera en el Hospital Roque Sáenz Peña. La fiscal federal Soledad García, integrante de la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, le atribuyó delitos vinculados con la supresión y alteración del estado civil y de la identidad de una menor de diez años, además de falsedad ideológica de instrumento público.

Para ampliar el marco general del tema, conviene revisar también esta entregas ilegales de bebés como referencia de contexto.

El expediente se originó en la denuncia de una mujer identificada como C.E.M.Q., quien durante décadas tuvo dudas sobre sus orígenes. Según la acusación, en 1970 la entonces partera habría emitido un certificado de nacimiento con información falsa sobre la filiación de una beba. El documento habría permitido inscribir como progenitores biológicos a E.A.Q. y A.T.B., ambos fallecidos, aunque una prueba genética posterior descartó el vínculo con quien figuraba como madre.

La audiencia se realizó en los tribunales federales de Rosario ante el juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz. La fiscalía describió un mecanismo que no habría consistido en un episodio aislado, sino en una práctica repetida durante el período en que la imputada se desempeñó en el área de maternidad del hospital. La investigación, de todos modos, deberá establecer responsabilidades, alcances y circunstancias concretas de cada denuncia.

Entregas ilegales de bebés y documentos que alteraron una vida entera

La hipótesis fiscal sostiene que la partera separaba a bebés de sus madres biológicas y los entregaba a otras familias a cambio de dinero. La imputación principal se relaciona con una partida en la que se habrían incorporado datos falsos para construir una filiación que no coincidía con la realidad biológica. Ese documento no solo registró un nacimiento: también definió legalmente la identidad de una persona durante décadas.

La diferencia entre una irregularidad administrativa y una posible supresión de identidad es central para comprender la gravedad del caso. Un certificado de nacimiento y una partida del Registro Civil producen consecuencias jurídicas sobre el nombre, la filiación, la nacionalidad, los vínculos familiares, los derechos sucesorios y el acceso a antecedentes médicos. Cuando esos datos son falsificados, la persona afectada puede crecer sin información sobre su origen y encontrar obstáculos para reconstruir su historia incluso muchos años después.

De acuerdo con la fiscalía, la conducta investigada habría generado efectos que permanecen vigentes mientras no se conozca la identidad de las víctimas. Por ese motivo, el Ministerio Público consideró que el perjuicio no quedó limitado al momento de la inscripción registral ni desapareció con el paso del tiempo.

Una partida de nacimiento bajo revisión judicial

La denunciante relató que durante años sospechó que la información de su partida no reflejaba su origen. En 2012 pidió que la persona que figuraba como su madre se sometiera a una prueba de ADN. El estudio concluyó que no existía vínculo biológico, con una probabilidad de vínculo informada como 0,0 por ciento.

La mujer también declaró que, antes de morir, su madre de crianza le habría revelado que el nacimiento real ocurrió cerca del 27 de diciembre de 1969, mientras que la documentación fue confeccionada el 9 de enero de 1970 y ubicó el parto en el Hospital Roque Sáenz Peña. Esa diferencia temporal forma parte de los elementos que la Justicia deberá contrastar con registros hospitalarios, testimonios y documentación civil.

El caso expone una de las dificultades más complejas de las investigaciones sobre identidad: los documentos oficiales pueden ofrecer una apariencia de certeza, aunque hayan sido elaborados con información falsa. Por eso, la revisión de actas, certificados, archivos médicos y testimonios familiares resulta decisiva para separar los datos registrales de los hechos que efectivamente ocurrieron.

Cinco posibles víctimas y una pesquisa que busca ampliar el mapa

La causa analiza denuncias de otras cinco personas, incluida una mujer que habría sido criada como hija de la propia imputada y es conocida por el apodo de “Dolly”. Para determinar si existe un vínculo biológico, el juez autorizó la extracción compulsiva de ADN de la acusada.

La medida fue solicitada por la fiscalía y respaldada judicialmente con el argumento de que las víctimas tienen derecho a conocer su identidad. El magistrado consideró que la extracción no implica una declaración contra sí misma por parte de la imputada ni vulnera sus garantías constitucionales. El material genético podría servir para confirmar o descartar vínculos familiares, aunque sus resultados deberán interpretarse junto con el resto de la evidencia.

La investigación también deberá establecer si las denuncias responden a un mismo patrón, si existieron intermediarios y qué participación tuvieron las familias que recibieron a los niños. La mención de pagos, amenazas y silencios familiares introduce dimensiones que exceden la falsificación de un documento. Sin embargo, cada extremo deberá ser probado dentro del proceso y no puede darse por acreditado únicamente a partir de los relatos iniciales.

En las entrevistas y el acompañamiento de las personas damnificadas interviene el Área de Atención a las Víctimas de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo del fiscal Andrés Montefeltro. Ese trabajo es especialmente relevante en causas donde la búsqueda de pruebas se combina con historias familiares atravesadas por secretos, pérdidas, temor y conflictos de larga duración.

El paso del tiempo no eliminó el derecho a conocer el origen

La defensa planteó la prescripción de la acción penal, pero el juez rechazó el planteo y tuvo por formalizada la investigación en relación con los hechos atribuidos, la evidencia reunida, la calificación legal y el grado de intervención asignado. Para el magistrado, se trata de un delito continuado cuyos efectos permanecen mientras no se determine la identidad de las víctimas.

La discusión sobre la prescripción es uno de los puntos jurídicos más delicados del expediente. Los hechos investigados se remontan a un período comprendido entre fines de la década de 1960 y 1980, cuando los controles institucionales, las herramientas genéticas y los mecanismos de acceso a la información eran distintos de los actuales. Pero la falta de conocimiento sobre el origen puede prolongarse durante toda la vida de una persona y mantener consecuencias concretas en el presente.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoce la importancia del derecho a la identidad y del acceso a la verdad personal. En este tipo de investigaciones, ese derecho incluye saber quiénes fueron los progenitores biológicos, en qué circunstancias ocurrió el nacimiento y qué hechos explican la discordancia entre la historia familiar y la documentación oficial.

ADN, archivos y testimonios: las pruebas que pueden definir la causa

La extracción de ADN es una herramienta fundamental, pero no resuelve por sí sola toda la investigación. Un resultado genético puede confirmar un parentesco o descartar una filiación, aunque la reconstrucción del caso requiere ubicar fechas, nombres, lugares y posibles intermediarios. Los certificados de nacimiento, libros de maternidad, registros de internación, actas civiles y archivos administrativos pueden aportar datos para reconstruir una secuencia documental.

También pueden ser relevantes los testimonios de familiares, vecinos, trabajadores de la salud y personas que hayan tenido contacto con los nacimientos investigados. En causas antiguas, la memoria oral adquiere un valor particular, aunque debe ser evaluada con cautela debido al paso del tiempo y a la posibilidad de recuerdos incompletos o contradictorios.

La pesquisa deberá preservar además la intimidad de las víctimas. La exposición de nombres, historias familiares o resultados genéticos puede generar nuevos daños si se realiza sin consentimiento. El derecho a conocer la identidad no equivale a la obligación de hacer pública toda la información personal, especialmente cuando existen familiares vivos y vínculos construidos a lo largo de décadas.

Las medidas impuestas a la partera durante el proceso

La imputada continuará el proceso en libertad, bajo medidas cautelares no privativas. El juez ordenó que se presente cada quince días ante la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, entregue su pasaporte, no salga del país, informe cualquier cambio de domicilio y se abstenga de mantener contacto con las víctimas.

Estas condiciones buscan asegurar que la acusada permanezca a disposición de la Justicia y, al mismo tiempo, evitar situaciones que puedan afectar a quienes denunciaron. La formalización de la investigación no equivale a una condena: el proceso deberá avanzar con producción de prueba, control de las partes y respeto por la presunción de inocencia.

La fiscalía puso a disposición el correo atencionvictimas-ros@mpf.gov.ar para quienes puedan aportar información relacionada con los hechos o necesiten asistencia. El canal está dirigido a posibles damnificados y personas con datos sobre nacimientos, documentos o circunstancias vinculadas con el período investigado.

La identidad digital también depende de documentos reales

El caso tiene una dimensión que alcanza al presente: la identidad legal se utiliza hoy para acceder a trámites, prestaciones, historiales médicos, servicios financieros y plataformas digitales. Cuando una partida de nacimiento contiene datos falsos, la discrepancia puede trasladarse a múltiples sistemas y dificultar la validación de información básica.

Para los negocios digitales, esto recuerda que la verificación documental no reemplaza el análisis de la procedencia de los datos ni la protección de la privacidad. Las empresas que gestionan información personal deben evitar tratar los registros oficiales como fuentes infalibles y aplicar criterios de seguridad, trazabilidad y rectificación cuando una persona acredita que sus datos fueron alterados.

En términos de visibilidad orgánica, las búsquedas vinculadas con identidad, adopciones irregulares y derechos de las víctimas exigen especial cuidado editorial. Los contenidos deben distinguir entre una imputación y una condena, proteger a las personas involucradas y utilizar fuentes institucionales verificables. La precisión no es un recurso accesorio: en asuntos sensibles, determina si una publicación informa con responsabilidad o amplifica un daño.

La causa de Rosario recién comienza a ordenar una historia que podría involucrar a varias familias y a documentos producidos hace más de medio siglo. Mientras la Justicia analiza pruebas genéticas, archivos y testimonios, el eje permanece en quienes todavía buscan una respuesta sobre su nacimiento: conocer la verdad de origen puede ser un derecho pendiente durante décadas, pero no pierde valor por el tiempo transcurrido. La información original de la imputación fue publicada por El Ciudadano.