El testimonio que complica a Maciel por las demoras en la búsqueda de Loan

El testimonio sobre las demoras en la búsqueda de Loan volvió a colocar al ex comisario Walter Adrián Maciel en el centro del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña. El sargento Orlando Ezequiel Cáceres afirmó ante el tribunal que la Policía de Corrientes recibió la alerta a las 15.38 del 13 de junio de 2024, pero que el despliegue hacia la zona rural se demoró y que, al día siguiente, su superior le ordenó registrar horarios distintos en el libro de guardia.

La declaración de Cáceres aportó una reconstrucción minuciosa de las primeras horas posteriores a la desaparición del niño, ocurrida después de un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina Peña, en las inmediaciones de la localidad correntina de 9 de Julio. El suboficial llevaba adelante la guardia de la comisaría cuando recibió el aviso de Mariano Duarte, quien le comunicó que María Victoria Caillava había informado que uno de los hijos de Peña se había perdido en el campo.

Según el relato del testigo, la comunicación llegó a las 15.38. Sin embargo, la respuesta policial no se habría activado de inmediato. Cáceres explicó que transmitió la novedad al oficial Eduardo Torres, quien se dirigió a la casa de Maciel para consultar los pasos a seguir. La instrucción que recibieron, de acuerdo con su declaración, fue continuar con la custodia de una procesión religiosa por San Antonio de Padua, una actividad que ocupaba a varios agentes en el pueblo.

La demora inicial en la búsqueda de Loan quedó bajo la lupa del tribunal

El sargento relató que el personal permaneció a la espera de nuevas directivas mientras la situación del niño desaparecido todavía no había derivado en un operativo inmediato en el campo de Catalina Peña. Recién alrededor de las 16.40, siempre según su exposición, se indicó a los policías que regresaran a la base, prepararan abrigos y linternas y se alistaran para trasladarse al lugar.

La salida hacia la zona del Algarrobal se habría concretado cerca de las 16.50. La diferencia entre el momento de la alerta y el comienzo del rastrillaje constituye uno de los aspectos que la acusación y las partes analizan durante el debate, porque las primeras horas resultan especialmente relevantes en una investigación por desaparición. En ese período pueden preservarse rastros, establecerse recorridos, identificar movimientos y obtener testimonios de personas que estuvieron cerca del lugar.

Cáceres no presentó la demora como una decisión propia. Por el contrario, sostuvo que los agentes quedaron sujetos a las órdenes de sus superiores. También manifestó que no podía precisar si Torres había hablado con Maciel por teléfono o personalmente, aunque sí recordó que luego de esa comunicación se mantuvo la instrucción de continuar con la cobertura de la procesión.

El libro de guardia y la discusión por los horarios

Otro tramo central de la declaración estuvo relacionado con la documentación oficial de la comisaría. Cáceres dijo que Maciel retuvo el libro de guardia durante esa jornada y que las novedades se fueron anotando en un borrador. Al día siguiente, mientras completaba el registro, el sargento aseguró que su jefe le indicó que asentara que la llamada había sido recibida a las 16.15, pese a que él recordaba que la comunicación había llegado a las 15.38.

El testigo afirmó que también recibió la orden de consignar las 16.15 como horario de salida hacia el campo, aunque la partida se habría producido aproximadamente a las 16.50. En su relato, describió el pedido como inusual porque no era habitual modificar los horarios de las actuaciones de servicio. También dijo que otro integrante de la dependencia compartió esa percepción.

La frase que Cáceres atribuyó a Maciel —una orden directa para que escribiera el horario indicado por su superior— se convirtió en uno de los elementos más comentados de la audiencia. Su relevancia no depende únicamente de la expresión utilizada, sino de lo que podría implicar para la reconstrucción de la respuesta policial: si los registros no reflejaran el momento real de la alerta y del despliegue, la línea temporal de la investigación quedaría alterada.

En causas de esta naturaleza, los libros de guardia, las comunicaciones, los partes y las anotaciones de los agentes permiten comparar los testimonios con documentos producidos en tiempo real. La consistencia entre esas fuentes puede ayudar a determinar qué información recibió cada funcionario, cuándo la recibió y qué medidas adoptó después. Una eventual divergencia no prueba por sí sola una responsabilidad penal, pero sí puede convertirse en un punto de contraste para el tribunal.

Qué observó Cáceres al llegar al Algarrobal

El sargento explicó que se trasladó al lugar con un anotador para dejar constancia de las novedades. Sin embargo, indicó que Maciel le dijo que sería él quien registraría lo ocurrido. La consigna para los policías consistía en rastrillar el área donde Loan había sido visto por última vez, en particular el sector vinculado con el callejón entre la casa de Catalina y el naranjal.

Durante ese recorrido, Cáceres se encontró con Caillava y con su esposo, Carlos Guido Pérez, un capitán de navío retirado que también está imputado. El policía declaró que ambos salían del lugar y que no observó ninguna circunstancia que le llamara especialmente la atención. Su aporte, por lo tanto, se concentró en la secuencia operativa y en los registros de la comisaría, más que en una acusación directa contra esas personas a partir de aquel encuentro.

La declaración duró más de tres horas y también incluyó el momento en que el agente fue trasladado a Goya por integrantes de la Policía Federal Argentina para prestar declaración. Cáceres dijo que la entrevista se interrumpió y que luego le informaron que debía presentarse ante el juzgado. Según su reconstrucción, la situación le generó temor y preocupación, especialmente por la posibilidad de quedar involucrado en una causa de gran exposición pública.

La intervención de la llamada Fundación Dupuy sumó nuevos interrogantes

En otro pasaje, el sargento se refirió a las personas que se presentaban como integrantes de la Fundación Dupuy y que son juzgadas por su presunta intervención en el desvío de la investigación. Cáceres contó que, después de que la jueza Cristina Pozzer Penzo le recomendara conseguir un abogado, conversó con su esposa y su cuñada recurrió a ese grupo para obtener asistencia legal.

El testigo afirmó que la organización rechazó a varios abogados propuestos por la familia. También recordó un viaje a Goya junto con Elizabeth Cutaia, una de las acusadas, y un encuentro con Fernando Burlando, quien en ese momento representaba a la familia de Loan. Cáceres señaló que observó una conversación privada entre ambos abogados, un dato que motivó un pedido de la defensa para incorporar nuevos testimonios.

El abogado Rodolfo Baqué solicitó que fueran citados Burlando, la esposa de Cáceres y su cuñada. El tribunal anticipó que analizará la pertinencia y utilidad de esas declaraciones, mientras que el fiscal Carlos Schaefer se opuso al planteo. La decisión sobre esos posibles testigos deberá considerar si sus aportes pueden aclarar la asistencia legal ofrecida al policía, la actuación de la organización y las circunstancias en que se produjeron determinados contactos.

La audiencia también incluyó el testimonio del periodista Christian Balbo, del canal América. El comunicador sostuvo que, durante la cobertura, para entrevistar a Camila Núñez o Macarena Peña, alojadas en el hotel Despertar del Iberá, era necesario contar con la autorización de Cutaia o de Alan Cañete, otro de los acusados. Balbo describió que el grupo se presentaba inicialmente como una estructura de contención para los testigos, aunque esa percepción cambió después de las detenciones ordenadas por la Justicia Federal de Goya.

Balbo también mencionó a Nicolás Gabriel Soria, conocido como El Americano, a quien describió como una persona reservada y educada. Según el periodista, Soria intentó cuestionar en televisión las versiones que hablaban de captación de menores con fines de explotación sexual y mencionó un supuesto valor económico asociado a ese delito. Ese contenido fue presentado como parte del comportamiento observado durante la cobertura, no como una prueba autónoma sobre el destino de Loan.

El fallo que descartó la acusación de trata para varios imputados

Mientras avanzaba el debate oral, la jueza Pozzer Penzo dictó una resolución de más de cien páginas en la investigación paralela destinada a determinar qué ocurrió con Loan. La magistrada sobreseyó a siete personas que estaban siendo investigadas por la sustracción del niño y, al mismo tiempo, por el delito de trata de personas. La medida también alcanzó al ex policía Amado Méndez, quien había recibido previamente una falta de mérito.

La decisión fue impulsada por los fiscales de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano, junto con el fiscal federal de Goya, Mariano De Guzmán. Entre los beneficiados aparecen Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña, Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi, Caillava, Pérez y Maciel, además de Méndez.

El sobreseimiento no equivale a resolver el misterio sobre el paradero del niño ni elimina todas las responsabilidades que puedan analizarse en otras líneas de investigación. La jueza sostuvo que la valoración negativa se refería al tipo penal de trata de personas y que las hipótesis consideradas fueron examinadas y descartadas por falta de elementos objetivos suficientes para sostener una imputación bajo esa figura.

La resolución aclaró que las tareas destinadas a encontrar a Loan continúan vigentes. También permanecen activas las alertas internacionales de Interpol, las publicaciones del Sistema Federal de Búsqueda de Personas y otras medidas orientadas a localizar al menor. Esa precisión resulta relevante porque diferencia dos planos: por un lado, el estado procesal de una acusación concreta; por otro, la obligación estatal de mantener la búsqueda y profundizar las diligencias sobre una desaparición que aún no fue esclarecida.

La prueba documental puede definir la lectura de las primeras horas

El testimonio de Cáceres deberá ser evaluado junto con los registros de comunicaciones, las declaraciones de otros policías, los recorridos realizados y el resto de la evidencia incorporada al juicio. En un debate oral, la credibilidad de un testigo no se determina solamente por una frase contundente, sino por la correspondencia entre su relato, los documentos disponibles y las respuestas que pueda ofrecer ante las preguntas de las partes.

La discusión sobre los horarios tiene una dimensión concreta. Una demora de pocos minutos puede modificar la cantidad de luz disponible para un rastrillaje, la posibilidad de ubicar a quienes estuvieron en el área y la preservación de indicios en un entorno rural. También puede incidir en la reconstrucción de los desplazamientos posteriores y en la valoración de si la respuesta institucional fue adecuada frente a la noticia de la desaparición.

Al mismo tiempo, las posibles alteraciones de un libro de guardia plantean un problema institucional que excede a una sola dependencia. Los registros policiales funcionan como herramientas de control interno y como fuentes de prueba judicial. Si los horarios fueron anotados de manera tardía o bajo una instrucción jerárquica, el tribunal deberá establecer qué alcance tuvo esa conducta, quién la dispuso y si produjo consecuencias relevantes para la búsqueda o para la investigación posterior.

Las demoras en la búsqueda de Loan también condicionan la visibilidad pública del caso

La dimensión digital de una causa de alto impacto puede amplificar testimonios, versiones y documentos antes de que sean evaluados judicialmente. Para medios, organismos y lectores, la diferencia entre una declaración testimonial, una imputación, un procesamiento y una condena no es menor: cada categoría tiene un significado jurídico distinto y debe ser comunicada con precisión.

En términos de visibilidad orgánica, las noticias sobre Loan concentran búsquedas vinculadas con Maciel, la Policía de Corrientes, el libro de guardia, la audiencia y el fallo sobre la acusación de trata. Una cobertura responsable debe separar hechos comprobados, dichos de testigos y decisiones judiciales, además de actualizar la información cuando el tribunal incorpore nuevos elementos. Esa claridad favorece la comprensión del público y reduce el riesgo de que titulares incompletos conviertan una hipótesis en una certeza.

Para los negocios digitales y los medios que trabajan con información judicial, el caso muestra la importancia de organizar el contenido alrededor de entidades y relaciones verificables: quién declaró, ante qué tribunal, qué afirmó, qué resolvió la jueza y qué aspectos siguen abiertos. La precisión semántica no reemplaza el análisis periodístico, pero permite que una audiencia encuentre respuestas concretas sin perder de vista la presunción de inocencia ni el carácter provisional de muchas actuaciones.

La información original sobre la audiencia fue publicada por Clarín. El desarrollo de esta nota toma ese reporte como fuente y distingue los testimonios expuestos de las resoluciones judiciales conocidas durante la misma jornada.

El juicio seguirá incorporando declaraciones y documentos que pueden modificar la lectura de la secuencia inicial. Por ahora, el testimonio de Cáceres instala una cuestión precisa: cuánto tiempo pasó entre la primera alerta y el despliegue efectivo, cómo quedó registrado ese intervalo y qué responsabilidad corresponde atribuir a cada funcionario. La respuesta dependerá de la valoración integral del tribunal, mientras la búsqueda de Loan continúa abierta.