Alerta por el reclutamiento de ex policías argentinos para la guerra en Ucrania

El reclutamiento de ex policías argentinos para la guerra en Ucrania quedó bajo investigación judicial después de que Interpol Colombia distribuyera una Alerta Morada entre organismos de la región. El documento describe una modalidad transnacional que comienza con ofertas laborales engañosas, continúa con viajes coordinados hacia Europa y puede terminar en la incorporación forzada de las víctimas a actividades militares vinculadas con el conflicto entre Rusia y Ucrania.

La advertencia internacional no presenta el fenómeno como una simple contratación de combatientes extranjeros. Su eje está puesto en la posible existencia de redes dedicadas a la trata de personas con fines de trabajo forzoso en un contexto de guerra. Los perfiles buscados serían, principalmente, hombres jóvenes con experiencia previa en fuerzas armadas, policías u otros cuerpos de seguridad, además de conocimientos en el manejo de armas.

Según la información difundida por la investigación periodística de Clarín, la Justicia Federal argentina reunió al menos siete expedientes relacionados con posibles maniobras de captación y traslado de ciudadanos hacia Ucrania. La mayoría tramita en la jurisdicción de Lomas de Zamora, donde se encuentra el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, aunque también se mencionan actuaciones en Tucumán y Santa Fe.

El reclutamiento de ex policías argentinos bajo una oferta laboral falsa

La modalidad investigada combina elementos habituales de las redes de trata con las particularidades de un conflicto armado internacional. Los captadores ofrecerían empleos con salarios elevados y beneficios difíciles de verificar, pero evitarían explicar con claridad cuáles serían las tareas concretas en el país de destino. La construcción y la reconstrucción de infraestructura aparecerían como coberturas para ocultar la posible participación en operaciones militares.

En uno de los casos mencionados, cuatro hombres fueron demorados en marzo por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. De acuerdo con la información del expediente, habrían recibido instrucciones precisas sobre la explicación que debían brindar en el aeropuerto si eran consultados por el motivo del viaje. La respuesta indicada era que se trasladaban para trabajar en el sector de la construcción.

La investigación llevó hasta una ex agente de la Policía Bonaerense, identificada como Griselda Inés Ortiz, de 45 años, quien quedó detenida por orden del fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola. La acusación sostiene que habría captado a jóvenes de bajos recursos con la promesa de pagos de entre 1.000 y 3.000 dólares, una suma que dependería de la cercanía con la línea de combate. La cifra, sin embargo, formaría parte de una promesa cuya existencia y cumplimiento deben ser establecidos por la Justicia.

De Ezeiza a Europa: la ruta que aparece en la investigación

El análisis de los itinerarios de viaje aportó uno de los elementos centrales del expediente. Los hombres habrían sido encaminados hacia Estambul, en Turquía, con una escala en Chisináu, capital de Moldavia. Desde allí, el plan consistiría en ingresar a Ucrania bajo la apariencia de trabajadores destinados a reparar daños provocados por los bombardeos.

La elección de rutas internacionales con escalas y destinos intermedios puede dificultar la detección temprana de estos movimientos. También expone la necesidad de que aerolíneas, autoridades migratorias, fuerzas de seguridad y organismos de asistencia compartan información cuando aparecen patrones inusuales: pasajes solo de ida, viajes grupales, contratos redactados en idiomas que los pasajeros no comprenden o instrucciones contradictorias sobre el destino real.

El hecho de que una persona acepte viajar por voluntad propia no descarta, por sí mismo, la posibilidad de explotación posterior. En los delitos de trata, el consentimiento inicial puede quedar anulado cuando aparecen engaños, amenazas, endeudamiento impuesto, aislamiento o retención de documentos. Esa diferencia resulta especialmente relevante en los casos de reclutamiento para conflictos armados, donde el riesgo físico y la dependencia del empleador pueden aumentar de manera drástica.

Contratos en ucraniano, documentos retenidos y control en destino

La Alerta Morada de Interpol describe un mecanismo que empieza con la construcción de confianza. Las redes recurrirían a empresas fachada, reuniones presenciales y contratos aparentes para convencer a los candidatos de que se trata de una oportunidad laboral legítima. Una vez en el extranjero, las condiciones podrían cambiar de forma radical.

Entre los indicadores señalados figuran la entrega de documentos contractuales en idiomas desconocidos, la confiscación de pasaportes, la creación de deudas ficticias y el aislamiento de las personas trasladadas. En ese escenario, la víctima pierde capacidad para regresar, comunicarse con su familia o pedir asistencia. La amenaza de sanciones, la intimidación o la presión económica pueden terminar de consolidar un sistema de trabajo forzoso.

El traslado a una zona de guerra añade una dimensión particularmente grave. No se trataría solamente de cumplir tareas laborales distintas a las prometidas, sino de quedar expuesto a hostilidades armadas, entrenamiento militar, operaciones de apoyo o participación directa en combates. La distinción exacta dependerá de las pruebas reunidas en cada expediente, pero el riesgo general es evidente: una persona captada con información falsa puede terminar en un entorno donde las posibilidades de abandonar la actividad son mínimas.

La investigación argentina y la cooperación contra una red transnacional

Los fiscales Alejandra Mangano y Marcelo Colombo, integrantes de la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas, comunicaron la posible maniobra a la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. El objetivo es favorecer el intercambio de datos y coordinar medidas de prevención, detección y asistencia.

La participación de organismos de distintos países resulta indispensable porque la cadena del reclutamiento atraviesa varias jurisdicciones. La captación puede producirse en una ciudad argentina, la salida puede concretarse desde Ezeiza, el tránsito puede pasar por Turquía o Moldavia y el destino final puede encontrarse en Ucrania. Cada tramo genera registros diferentes y está sometido a autoridades distintas.

La cooperación también permite distinguir entre un voluntario extranjero que se incorpora de manera consciente a una fuerza armada y una persona que fue trasladada mediante engaños para realizar una actividad que desconocía. Esa diferencia jurídica y humana exige entrevistar a los posibles afectados, reconstruir comunicaciones, verificar contratos, seguir movimientos financieros y analizar los vínculos entre reclutadores, intermediarios y empresas utilizadas como pantalla.

Por qué los ex integrantes de fuerzas de seguridad aparecen como objetivo

Las personas con experiencia policial o militar pueden ser consideradas atractivas para quienes buscan personal con entrenamiento previo, familiaridad con armas y capacidad para desenvolverse en situaciones de peligro. Sin embargo, esa experiencia no significa que acepten participar en una guerra ni que comprendan las condiciones reales de una propuesta internacional.

La vulnerabilidad puede aumentar cuando se combina con desempleo, dificultades económicas, frustración profesional o la percepción de que un contrato en el exterior representa una salida inmediata. Las promesas de ingresos en moneda extranjera pueden resultar especialmente persuasivas para quienes atraviesan una situación financiera delicada. La diferencia entre una oferta legítima y una operación criminal puede estar oculta en detalles que el candidato no tiene herramientas para comprobar.

La alerta también menciona que las redes seleccionarían perfiles concretos y organizarían contingentes grupales. Esa modalidad permite a los reclutadores controlar mejor los viajes, coordinar reservas y presentar un relato uniforme ante las autoridades. Para los investigadores, la repetición de esos patrones puede convertirse en una vía para identificar estructuras que operan más allá de un caso individual.

La dimensión latinoamericana del conflicto entre Rusia y Ucrania

La guerra no se limita a las fronteras de los países enfrentados. Desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala, ciudadanos de distintas nacionalidades fueron vinculados con uno u otro bando. La información citada en la investigación periodística alude a estimaciones sobre miles de extranjeros reclutados desde 2022, aunque la cantidad exacta y las condiciones de incorporación pueden variar según la fuente y no permiten establecer una cifra definitiva.

La circulación de combatientes o trabajadores extranjeros plantea desafíos para los países latinoamericanos. Colombia aparece mencionado como uno de los territorios más expuestos por su extensa experiencia histórica en conflictos armados y por la disponibilidad de personas con formación militar. También se alude a la captación de mexicanos con antecedentes vinculados a grupos criminales y a la búsqueda de argentinos afectados por la crisis económica.

Estas referencias deben interpretarse con prudencia. No toda persona que viaja a una zona de conflicto es víctima de trata, y tampoco toda contratación internacional relacionada con seguridad es necesariamente ilegal. El punto de alarma surge cuando la actividad real se oculta, la documentación se retiene, las condiciones cambian en destino o se utiliza la fuerza para impedir el regreso.

Qué señales deberían observar las autoridades y los viajeros

La investigación deja una serie de indicadores concretos para evaluar ofertas laborales internacionales de alto riesgo. Un contrato que no puede ser leído o traducido antes de firmarse, una empresa sin antecedentes verificables, la exigencia de viajar con pasaje solo de ida y la promesa de salarios desproporcionados son señales que requieren una revisión adicional.

También resulta preocupante que el intermediario indique qué declarar ante migraciones, solicite entregar el pasaporte o prometa resolver todos los trámites sin brindar comprobantes. La presión para viajar con rapidez, la prohibición de contar el destino a familiares y la obligación de asumir deudas por traslado o alojamiento pueden anticipar una situación de dependencia.

En una propuesta legítima deberían existir datos verificables sobre el empleador, funciones detalladas, remuneración, seguro, alojamiento, jurisdicción aplicable y mecanismos de asistencia. Antes de viajar, la persona debería conservar copias de su documentación, compartir el itinerario con alguien de confianza y consultar a la representación consular correspondiente. Si ya se encuentra bajo presión o sin sus documentos, debe buscar ayuda oficial y evitar enfrentar sola a quienes ejercen el control.

El reclutamiento bélico ya plantea un problema de visibilidad digital

Para las investigaciones, el entorno digital puede ser decisivo. Las redes de captación suelen depender de anuncios, grupos privados, mensajería instantánea y perfiles que aparentan representar a compañías de seguridad o construcción. El análisis de esos contenidos puede revelar cuentas conectadas, cambios frecuentes de identidad, publicaciones dirigidas a ex uniformados y patrones de contacto con personas de distintos países.

Para medios, plataformas y negocios digitales, el caso también subraya la importancia de moderar contenidos que prometen empleos extraordinarios en zonas de guerra. La visibilidad orgánica de esas ofertas puede amplificar el alcance de intermediarios que ocultan información esencial. Sistemas de denuncia accesibles, revisión de anuncios, trazabilidad de anunciantes y colaboración con organismos especializados pueden reducir la circulación de mensajes potencialmente abusivos sin bloquear de manera indiscriminada toda conversación sobre trabajo internacional.

En términos de búsqueda, las consultas relacionadas con empleos en Ucrania, contratos militares, reclutamiento de extranjeros o salarios para combatientes pueden atraer a personas en situación vulnerable. La información periodística y los contenidos institucionales deben responder con precisión, evitar reproducir promesas sin verificar y ofrecer rutas claras de asistencia. Una buena visibilidad no consiste en llevar tráfico a cualquier costo, sino en ayudar a que el usuario distinga una oportunidad real de una posible operación de explotación.

El expediente argentino todavía deberá determinar el alcance de la red, la responsabilidad de cada persona involucrada y el destino efectivo de quienes fueron contactados. Mientras avanzan las pesquisas, la alerta de Interpol funciona como una advertencia concreta: detrás de una oferta laboral internacional puede existir un traslado hacia un escenario de combate, con consecuencias irreversibles para quienes fueron engañados o sometidos.