Xumek impugna ante la Corte mendocina la ampliación de facultades policiales

La Corte Suprema de Justicia de Mendoza recibió una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la organización Xumek, que busca frenar la aplicación de la Ley 9700, la cual modifica aspectos esenciales de la Ley 6722 sobre el régimen de actuación policial. Según la entidad, la reforma amplía sin precisiones las facultades del personal policial en el uso de la fuerza, el empleo de armas de fuego y las tareas de vigilancia, abriendo la puerta a posibles vulneraciones de derechos humanos.

La presentación judicial de Xumek ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza marca un nuevo capítulo en el debate sobre los límites del accionar policial en la provincia. La reforma introducida por la Ley 9700 modifica artículos centrales de la Ley 6722, que regula el uso de la fuerza, la observación y las tareas de control por parte de las fuerzas de seguridad mendocinas.

Para ampliar el marco general del tema, conviene revisar también esta Xumek impugna ante Corte mendocina como referencia de contexto.

Xumek impugna ante Corte mendocina: El núcleo del reclamo: un control judicial sobre el uso de la fuerza

En su acción, Xumek sostiene que las modificaciones aprobadas por la Legislatura provincial vulneran principios fundamentales del Estado de derecho, entre ellos, la legalidad, la razonabilidad y la proporcionalidad en el empleo de la fuerza pública. La organización argumenta que el nuevo texto normativo habilita un uso más amplio y menos controlado de las armas de fuego, permitiendo su utilización incluso para la defensa de la “autoridad” policial, una noción que consideran imprecisa y riesgosa.

De acuerdo con el planteo, permitir que los agentes porten y utilicen armas ante situaciones ambiguas puede derivar en un incremento de la violencia institucional. Además, la reforma incorporó el concepto de “peligro inminente” como habilitación para el uso de la fuerza, sin definir claramente sus alcances, lo que podría dejar en manos del criterio individual de cada agente la decisión de disparar o no.

La vigilancia y las tareas de observación bajo debate

Otro de los puntos cuestionados por la acción judicial es la ampliación de las facultades policiales para realizar “toda actividad de observación y vigilancia”. Xumek advierte que esta redacción ambigua podría legitimar prácticas de control social que excedan la prevención del delito y afecten derechos como la privacidad, la libertad de expresión y la libre circulación.

En la práctica, esto podría traducirse en un mayor margen para que las fuerzas realicen seguimiento de personas o grupos sin una orden judicial ni parámetros objetivos, generando un clima de sospecha generalizada. Desde la perspectiva de los derechos humanos, el control ciudadano no puede transformarse en vigilancia indiscriminada.

Limitaciones al control disciplinario y riesgo de impunidad

El texto de la Ley 9700 también introduce restricciones a las medidas administrativas o disciplinarias que pueden aplicarse sobre los efectivos involucrados en hechos de uso de la fuerza. Según la organización, esta disposición debilita los mecanismos de rendición de cuentas y puede favorecer la impunidad en casos de abuso policial.

El control interno y la transparencia son pilares esenciales en un sistema que busca proteger tanto la seguridad pública como los derechos individuales. La reducción de controles administrativos contrasta con los estándares internacionales de derechos humanos, que promueven la investigación exhaustiva y la sanción efectiva ante cualquier exceso cometido por agentes del Estado.

El contexto provincial y el debate sobre seguridad pública

En Mendoza, las discusiones sobre seguridad y control policial han sido recurrentes en los últimos años. La demanda social por respuestas frente al delito convive con la preocupación por los límites institucionales al uso de la fuerza. La presentación de Xumek se inscribe en esta tensión entre eficacia policial y respeto de los derechos fundamentales.

En declaraciones públicas, representantes de la organización destacaron que la reforma fue aprobada sin una discusión amplia y sin incorporar la perspectiva de organismos especializados o de la sociedad civil. El pedido de control de convencionalidad busca que la Corte provincial evalúe la compatibilidad de la norma con los tratados internacionales suscriptos por Argentina, especialmente los que establecen obligaciones claras en materia de derechos humanos y uso proporcional de la fuerza.

Principios internacionales en juego

Instrumentos como el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego de las Naciones Unidas exigen que cualquier intervención policial sea excepcional, necesaria y proporcional. La acción de Xumek alude precisamente a estos compromisos, recordando que el Estado argentino debe garantizar que las leyes locales se ajusten a dichos estándares.

Casos recientes en distintas provincias del país muestran que la ampliación de facultades sin controles claros puede derivar en un aumento de situaciones de violencia institucional. Organismos como la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) han advertido sobre la necesidad de fortalecer la supervisión civil de las fuerzas policiales.

El rol de la Corte mendocina y los próximos pasos

Ahora será la Corte Suprema de Justicia de Mendoza la que deberá pronunciarse sobre la admisibilidad de la acción. El tribunal podría solicitar informes al Gobierno provincial y analizar si la reforma vulnera derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales. En caso de que la Corte declare la inconstitucionalidad de los artículos cuestionados, la aplicación de la ley quedaría suspendida total o parcialmente.

Si, en cambio, el tribunal considera que la norma se ajusta al marco legal, se consolidará un precedente que podría replicarse en otras jurisdicciones del país que buscan otorgar mayor autonomía a sus fuerzas de seguridad.

Debate constitucional y alcances políticos

La presentación de Xumek también tiene una lectura política. Plantea un contrapunto entre la seguridad entendida como control social y la seguridad basada en derechos. Al llevar el caso ante el máximo tribunal provincial, la organización busca no solo revertir la reforma, sino también instalar una reflexión institucional sobre los límites legítimos del poder policial en un Estado democrático.

El caso, además, podría tener implicancias nacionales si el debate se traslada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en caso de apelaciones posteriores. Allí, el fallo mendocino serviría como antecedente sobre la interpretación del principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza y la obligación estatal de prevenir abusos.

Implicancias para la transparencia y el control ciudadano

Más allá del resultado judicial, el debate sobre la reforma de la Ley 6722 pone sobre la mesa la necesidad de políticas públicas que equilibren la seguridad y los derechos humanos. Organizaciones civiles, universidades y organismos internacionales coinciden en que el fortalecimiento de los mecanismos de control ciudadano y transparencia institucional resulta indispensable para recuperar la confianza pública en las fuerzas de seguridad.

La acción de Xumek se suma a una corriente de litigios estratégicos en América Latina que buscan revisar normas que amplían la autoridad policial sin garantías suficientes. En países como Chile, Colombia y Brasil, procesos similares han impulsado reformas profundas en los protocolos de actuación policial y en la rendición de cuentas.

Repercusiones para la legitimidad institucional y la percepción pública

En un contexto regional donde el reclamo por mayor seguridad convive con el temor a los abusos, el desafío para las autoridades mendocinas será construir un equilibrio sostenido entre firmeza institucional y respeto por los derechos humanos. Las decisiones judiciales que surjan del caso Xumek podrían redefinir ese balance en la provincia y ofrecer una referencia para otras jurisdicciones.

Proyección digital y visibilidad del caso en el ámbito jurídico y mediático

El litigio también tiene una dimensión comunicacional. En tiempos de alta exposición mediática y circulación de información en redes, la narrativa sobre el uso de la fuerza estatal moldea la percepción pública de la legitimidad del poder policial. Para medios digitales y organizaciones del ámbito jurídico, el tratamiento responsable de estos temas influye en la visibilidad orgánica y el posicionamiento de los contenidos vinculados a derechos humanos, justicia y seguridad ciudadana.

La cobertura equilibrada y la publicación de análisis profundos como este fortalecen la confianza de la ciudadanía en fuentes confiables y fomentan un debate informado sobre los límites del poder estatal.

La noticia original puede consultarse en Pensamiento Penal.