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Filtraciones derrumbaron un cielorraso y confirmaron una condena en San Martín

6 min de lectura

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de San Martín confirmó la responsabilidad de los propietarios de una vivienda por el derrumbe del cielorraso que hirió a una mujer mientras dormía. Solo redujo el monto correspondiente a los daños materiales.

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La condena por filtraciones quedó confirmada en San Martín después de que una mujer resultara herida por el derrumbe del cielorraso de su habitación, ocurrido durante la madrugada del 11 de octubre de 2020 en Santos Lugares. La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial consideró acreditado que el agua proveniente de la unidad superior provocó el deterioro y mantuvo los rubros principales de la indemnización, aunque redujo el monto destinado a reparar el inmueble.

El expediente se originó cuando la demandante, que actualmente tiene 76 años, denunció que se había acostado cerca de las 22.30 y que alrededor de las 3.45 el cielorraso se desprendió sobre su cuerpo. Según su presentación, quedó cubierta por escombros y ladrillos, pudo incorporarse con dificultad y luego fue trasladada a un centro médico.

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La mujer atribuyó el derrumbe a filtraciones de agua procedentes de la vivienda ubicada sobre la suya. También sostuvo que había advertido previamente problemas de mantenimiento en el sector superior del inmueble y que, después del episodio, un profesional observó deterioros relacionados con el ingreso de agua desde la terraza.

La demanda fue presentada en abril de 2022 contra los propietarios de la unidad superior. El reclamo incluyó incapacidad física y psicológica, daño moral, tratamientos, gastos médicos y de traslado, además de la reparación de la habitación y de otros bienes afectados. La suma inicial solicitada fue de $2.354.200, con posibilidad de adecuarla según la prueba del proceso.

Qué pruebas vincularon las filtraciones con el derrumbe

El juzgado de primera instancia tuvo por acreditado que el episodio había ocurrido a partir de un acta notarial confeccionada pocos días después, fotografías de los escombros sobre la cama, testimonios y documentación médica sobre la atención recibida por la demandante.

La prueba central fue una pericia arquitectónica. El especialista describió filtraciones desde la vivienda superior y marcas de humedad en los muros interiores. Según su conclusión, el agua acumulada aumentó el peso sobre la estructura hasta superar la resistencia de los ladrillos cerámicos que componían el cielorraso.

Los demandados reconocieron que estaban a cargo de la vivienda situada sobre la de la reclamante, pero negaron ser responsables. Argumentaron que la mujer había realizado reformas en su propia unidad y que esas obras podían haber contribuido al desprendimiento. El perito respondió negativamente a esa hipótesis y el juzgado entendió que la defensa no había demostrado una causa que permitiera excluir la responsabilidad.

La condena por filtraciones y las lesiones reconocidas

La documentación médica incorporada al expediente registró politraumatismos, dolor en el hombro derecho y limitaciones de movimiento. La historia clínica consignó además una fractura no desplazada de la clavícula derecha y tratamientos posteriores, entre ellos sesiones de kinesiología.

La pericia médica estableció una incapacidad física del 17% vinculada con secuelas en el hombro derecho. Por ese concepto, la primera instancia fijó $8,5 millones. En cambio, rechazó el pedido de un futuro tratamiento kinesiológico porque el especialista indicó que, debido al tiempo transcurrido, no existía una intervención capaz de mejorar la funcionalidad afectada.

La evaluación psicológica atribuyó al episodio un trastorno por estrés postraumático y estimó una incapacidad psíquica del 30%, sin registrar una patología previa. El juzgado reconoció $9 millones por daño psicológico y agregó $1,5 millones para un tratamiento de dos años, con sesiones semanales, conforme con la recomendación de la perita.

Por qué se mantuvieron separados el daño psicológico y el moral

La sentencia de primera instancia también otorgó $4 millones por daño moral y $500.000 por gastos médicos, de farmacia, traslados y tratamientos. El juez consideró que el derrumbe dentro de la vivienda, mientras la mujer descansaba, había producido consecuencias físicas y sufrimiento que debían ser reparados.

Los demandados cuestionaron que se reconocieran por separado el daño psicológico y el daño moral. La Cámara rechazó ese planteo porque entendió que se trata de perjuicios diferentes: el daño psicológico requiere la constatación profesional de una patología, mientras que el daño moral comprende el sufrimiento y la alteración emocional derivados del hecho.

Esta distinción surge de la valoración concreta realizada en el expediente y no implica que cualquier reclamo por un accidente permita obtener automáticamente ambos rubros. En este caso, cada concepto se apoyó en elementos probatorios diferenciados: una pericia psicológica para la patología y la consideración de las consecuencias personales del derrumbe para el daño moral.

El punto que la Cámara modificó: la reparación del inmueble

La primera instancia había fijado en $5 millones la reparación del cielorraso y la impermeabilización del sector afectado. Para llegar a ese valor, el juzgado se apartó del presupuesto pericial porque consideró que podía haber quedado desactualizado durante el trámite del proceso.

La Cámara modificó ese aspecto. Los jueces entendieron que el informe arquitectónico de octubre de 2023 detallaba los materiales, la mano de obra y las tareas necesarias, y que además explicaba cómo se habían calculado los valores. Por eso, no encontraron motivos suficientes para reemplazar la estimación técnica.

El rubro por daño material quedó reducido a $1.888.973,10, que era el monto calculado por el perito. La modificación no alcanzó a los restantes conceptos cuestionados por los demandados, que fueron confirmados.

Cómo se calcularán los intereses y qué quedó pendiente

Para el daño material, la Cámara estableció un interés anual puro del 6% desde la fecha del derrumbe hasta el 20 de octubre de 2023, cuando se realizó la pericia arquitectónica. Desde ese momento y hasta el pago efectivo, deberá aplicarse la tasa pasiva más alta, según lo dispuesto en la resolución.

Las costas del proceso también quedaron a cargo de los demandados. La regulación de los honorarios profesionales fue diferida para una etapa posterior del expediente. La decisión, por lo tanto, confirmó la atribución de responsabilidad y los principales rubros indemnizatorios, pero corrigió el cálculo correspondiente a la reparación edilicia.

Qué muestra el fallo sobre el mantenimiento en edificios

El caso expone cómo una filtración que atraviesa unidades de un mismo inmueble puede transformarse en un problema de responsabilidad cuando el deterioro termina provocando daños personales y materiales. La resolución no se basó únicamente en la existencia de humedad: la relación entre el ingreso de agua y el derrumbe fue sostenida por una pericia arquitectónica y complementada por documentos, fotografías, testimonios y registros médicos.

La cobertura original del caso fue publicada por Infobae. La sentencia reseñada permite distinguir entre dos cuestiones: la responsabilidad por el origen del derrumbe, que quedó confirmada, y la cuantificación de cada daño, que puede ser revisada cuando el tribunal considera que la prueba técnica ofrece una base más precisa.

FAQ

Preguntas frecuentes

¿Qué determinó la Cámara de San Martín?

Confirmó la responsabilidad de los propietarios de la vivienda superior por el derrumbe del cielorraso, al considerar acreditado que las filtraciones de agua provocaron el deterioro. También mantuvo los principales rubros indemnizatorios y redujo únicamente el monto asignado a la reparación material.

¿Por qué se redujo la indemnización por daños materiales?

La Cámara entendió que debía utilizarse la estimación del perito arquitecto, que había calculado $1.888.973,10 en octubre de 2023 para los materiales, la mano de obra y las tareas necesarias. Por eso dejó sin efecto el monto de $5 millones fijado en primera instancia.

¿Qué lesiones fueron reconocidas en el expediente?

La documentación médica registró politraumatismos, dolor y limitaciones en el hombro derecho, además de una fractura no desplazada de clavícula. La pericia estableció una incapacidad física del 17% y una evaluación psicológica estimó un trastorno por estrés postraumático con una incapacidad psíquica del 30%.

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